Sapere Aude

Política universitaria de primera mano

Mes: marzo, 2014

Pruebas de acceso, la casa por el tejado

Hace unos meses, en uno de mis primeros posts, mencioné una serie de medidas que, a mi juicio, podrían catapultar los resultados del sistema universitario español. No voy a enumerarlas de nuevo, pero entre ellas estaban aspectos que me parecen cruciales, como el sistema de selección del profesorado, el modelo de gobierno y de financiación, la especialización de los centros… En total, aludía a doce aspectos en los que sería necesario reorientar a los campus nacionales.

Pues no, ninguno de ellos le sirve al señor Wert. Para él, lo crucial, lo que urge ahora mismo cambiar es el sistema de acceso de los estudiantes a la educación superior. “Es que no queda más remedio que hacerlo ahora, porque el año que viene se aplicaba ya a los alumnos extranjeros y a los de FP”, alegarán los incompetentes de su Gabinete de Comunicación. Ya, pero nadie les obligó a ponerse esa soga al cuello cuando redactaron la Lomce. Lo hicieron ellos solitos. Es lo que tienen las ocurrencias, que se aplican a bote pronto, sin la conveniente reflexión, y luego se le atragantan a uno cuando llega la hora de aplicarlas.

En las últimas semanas, las universidades públicas y varias comunidades importantes, como Cataluña y Andalucía, le han hecho ver al ministro que cambiar ahora el sistema de acceso es una locura. Que sí, que está muy bien dar libertad para que cada cuál decida qué requisitos exige a los candidatos que quieran estudiar en su universidad, o establecer una prueba de acceso, una entrevista personal o una gymkana si es preciso. Lo que sea, con tal de que se valore el mérito y se premie a los mejores. A nivel micro, la idea no tiene por qué ser mala, el problema es cuando la analizamos enfocando el conjunto del sistema.

Con la que está cayendo, no creo que sea el momento (ni lo será en 2017, cuando entre en vigor la medida para todos los alumnos, si un cambio de gobierno no lo remedia antes) de pedir a las familias que les costeen a sus hijos una turné por todo el país hasta que salgan victoriosos de una de esas dichosas pruebas de acceso. Y tampoco le aporta mucho al sistema. Ya hay unas pruebas de acceso válidas en todo el territorio nacional que permiten establecer un orden justo de entrada a las titulaciones con demanda elevada (principalmente, las de Ciencias de la Salud, algunas ingenierías, un puñado de dobles titulaciones y varias carreras de moda). Ahora es la PAU, pero después podría ser la Reválida que se sacó el PP de la manga para la Lomce…  ¿Qué hay más justo que acceder a la universidad en función de la nota media que has obtenido con el trabajo de los cuatro años anteriores?

El debate sobre este tipo de pruebas no es nuevo. En 2000, durante el trámite de la Ley Orgánica de Universidades que sacó adelante Pilar del Castillo, ya se habló mucho de ellas. Yo siempre he pensado que la implantación de cribas particulares en cada rectorado o en cada facultad sería una mala noticia para la igualdad de oportunidades. Algunos buenos estudiantes se acabarían conformando con estudiar al lado de su casa para no asumir el coste económico de tener que salir de gira.

Además, creo que este sistema acabaría produciendo una brecha demasiado repentina y abrupta entre universidades de primera, segunda y tercera. Las de Madrid y Barcelona, grandes receptoras de estudiantes llegados desde toda la geografía nacional, atraerían una avalancha de solicitudes, mientras que una mayoría de centros se verían obligadas a admitir, prácticamente, a casi todos los aspirantes que llamaran a su puerta. O eso o sus aulas se quedarían vacías…

Escribo este post porque me gustaría dejar constancia de posición respecto de esta inoportuna medida, aunque no creo que nunca se llegue a aplicar. Como he dicho unas líneas atrás, lo más probable es que haya un cambio de gobierno tras las próximas generales. No necesariamente de signo político, pero sí de talante, y la Lomce y sus secuelas serán de las primeras en pagar las consecuencias. Además, como aludí antes, las universidades y algunas comunidades ya han se han coordinado para dejar sin efecto el decreto. Como no las obliga a establecer las mencionadas pruebas de acceso, sino que las recoge sólo como una posibilidad, los rectores ya han dado la orden de que se mantengan prietas las filas y todo siga como hasta ahora… o lo más parecido posible.

Eso sí, como un sólo centro rompa la disciplina se oirán  voces de “tonto el último” y empezará una carrera para establecer todo tipo de pruebas y requisitos de acceso. Costará más entrar en la Universidad, pero seguirá siendo igual de mala, porque las medidas que la pueden cambiar de verdad siguen aparcadas.

 

¡Qué pesados los ingenieros!

Muchos compañeros me han reprochado en numerosas ocasiones que encuentre diversión en los temas de política universitaria. No les entra en la cabeza cómo se les puede dedicar tanto tiempo y tanta pasión a los entresijos de Bolonia, a los devaneos rectorales y otros tecnicismos de claustro adentro. Y no les falta razón, hay que ser muy friqui para preparar tanta sopa de letras con decretos, informes de expertos, disposiciones transitorias y otras piezas de tramoya universitaria. Y ya si escribes un blog monográfico en tus días libres… ¡¡loco de atar!!

Pues sí, me interesan estos temas. No sé si fue siempre así, supongo que no. Recuerdo que en mis primeros años de periodista universitario me molestaba (y me acojonaba) tener que escribir mis piezas a tientas porque no entendía ni la mitad de la endemoniada jerga académica que utilizaban mis entrevistados:  ¿contratado doctor? ¿habilitación? ¿ECTS? ¿trienio, quinquenio, sexenio? Así que dediqué algunos años a ir desenmarañando el camino y a elaborar un diccionario español-universitario, universitario-español, para que nunca me pillaran en fuera de juego. Por cierto, la conclusión a la que llegué es que buena parte de todo ese palabrerío no es más que una trinchera (otra más) que utilizan los señores cátedros y sus wannabes para que el resto de los mortales no accedamos a su torre de marfil, y así poder seguir haciendo y deshaciendo por los siglos de los siglos. Pura tontería, vaya.

Decía que así fue como empezó la cosa, pero llegué a cogerle el gustillo a esto…y aquí me tienen. Sin embargo hay un tema que me sigue aburriendo soberanamente, pero con un tipo de aburrimiento que raya en el fastidio. Me refiero a las peleítas de los señores ingenieros, que justo vuelven a estar de actualidad esta semana. ¡Hay que ver la paliza que han dado estos señores desde que concluyó (supuestamente) el proceso de Bolonia allá por 2010. Unos que si el huevo se casca por el lado más ancho, los otros que si por el más estrecho; y todos pleiteando a ver quién la tiene más larga. La titulación… se entiende.

Resumamos. Con la entrada en vigor de las nuevas titulaciones europeas se inició una carrera entre los colectivos que representan las distintas familias de la ingeniería española, tanto desde el punto de vista académico como profesional. Las antiguas ingenierías técnicas (carreras de tres años, los viejos peritos) consideraban que tanto ellas como las superiores (de cinco o incluso seis) debían ir a parar al nivel de grado en la nueva estructura de las titulaciones. Estas últimas, en cambio, consideraban injusto hacer tabula rasa con carreras separadas por al menos dos años de formación.

Pasaron algunos años de pleitos, enredos, intoxicaciones y entrevistas, pero al final los superiores se salieron con la suya. Y cuando, ya un poco hartos del tema, parecía que el asunto quedaba resuelto de por vida, el foco del conflicto se desplazó. A algunas universidades se les ocurrió denominar a su arquitectura técnica como ingeniería de la edificación, y a los ingenieros eso les sentó a cuerno quemado. Así que fueron arrastrando su indignación por tribunales ordinarios, tribunales superiores, el supremo y hasta el Constitucional, que les dio la razón. La dichosa denominación no era legítima pese a que miles de estudiantes la cursaban ya por toda España.

En las últimas semanas, la polémica ha vuelto a hacer sonar sin parar los teléfonos de las redacciones. El problema, esta vez, es similar al de la primera vez, pero no con los nuevos títulos a la boloñesa, sino con la homologación de los anteriores. Nuevamente, los técnicos quieren que todos los ingenieros pre Bolonia estén en el grado, mientras que los superiores sólo aceptarán estar en el máster, un peldaño por encima de los técnicos.  Así que vuelta a empezar. Y lo peor es que parece que el cacharreo va para largo, porque el Ministerio se ha propuesto dirimir la disputa con un decreto que, para variar y por los primeros borradores que se están filtrando, parece no convencer a nadie.

No me malentiendan, yo no digo que los matices por los que disputan estos señores no sean cruciales para el ejercicio de su profesión, desde el punto de vista de las atribuciones profesionales o en el reconocimiento internacional de sus títulos en un momento en que se está produciendo un éxodo de titulados a otros países. Lo que digo es que los ingenieros deberían resolver sus problemas de una manera más adulta y menos traumática. Y sobre todo, sin utilizar a sus ingenuos estudiantes como carne de cañón en todo tipo de boicots y manifestaciones, y sin meternos a los demás en sus charcos.

Maldito PSOE, perro del hortelano

No se lleven a engaño con el titular de este post. Nunca será el mío un blog partidista, jamás me verán arrimar el ascua a una sardina u otra, salvo que la razón y la coherencia lo aconsejen. Palmeros y paniaguados hay de sobra, sobre todo en la Universidad. Si maldigo al PSOE es porque estoy convencido de que es el único partido al que se puede atribuir el estancamiento, la dejadez y la cultura tóxica que caracteriza a nuestros campus. Al PP se le puede acusar de cosas peores: desinterés, pasividad, desconocimiento o falta de sensibilidad hacia la política académica… Dicho de otra manera, los populares siempre han perdido por incomparecencia el partido de la transformación universitaria.

En cambio, el PSOE lleva en sus genes un cierto sentido patrimonial de la educación, y no sólo la universitaria. Es un coto vedado en el que sólo los socialistas pueden salir a cazar, y pocas cosas revuelven más las tripas de Ferraz que ver al PP enredando con leyes educativas. ¿Cómo osan? La educación es socialista o no es.

Por eso las dos leyes orgánicas de los populares en esta materia fueron liquidadas de inmediato en la primera legislatura de Zapatero, y por eso Rubalcaba ha asegurado con mucha antelación que la Lomce de Wert será derogada en cuanto el PSOE ponga los pies en La Moncloa. Otra cosa es que a veces el PP vaya al bulto o salga a por uvas en estos temas, guiado por las premisas morales antediluvianas de sus lobys o por las acometidas de algún iluminado con gorrilla.

Yo viví muy de cerca la modificación de la LOU, la inicua ley de universidades que llevó a los rectores, encabezados por Gregorio Peces Barba, a incendiar las calles con manifestaciones, pancartas y protestas. A juzgar por las proclamas de las marchas que me tocó cubrir en mis primeras semanas como periodista, “Pilar del Castillo, hija del caudillo”, pretendía privatizar los campus españoles, convertirlos en el reducto de las elites y no sé cuántas maldades más. Cuando escuchaba los argumentos en el fragor de la batalla, no me quedaba duda de que eso era así. Sin embargo, cuando me tocaba asistir a encierros de estudiantes en los que se explicaba, negro sobre blanco, qué artículos de la ley conducirían a esa hecatombe… la cosa no me quedaba tan clara. ¿Pero qué podía saber yo, si era un periodista novato? ¿Algún dato clave se me estaría escurriendo?

Pero llegó el PSOE y le metió mano a aquella perversa ley. Y resultó que no era tan mala como parecía. Que la elección de los rectores por sufragio universal podía ser una opción, que la Aneca había sido un buen invento y que la habilitación era una herramienta con la que se podía trabajar haciéndole un par de arreglillos (que la desnaturalizaban, eso sí). Entre ellos, el nombre, que fue cambiado por el de acreditación.

Y claro, yo leía el borrador de aquella nueva ley y no veía por ningún lado grandes transformaciones, procesos innovadores o argumentos que justificaran meterse en ese follón parlamentario…Así que se lo pregunté al entonces secretario de Estado, Salvador Ordóñez, en la rueda de prensa en la que se presentó el documento en cuestión.

La respuesta no tuvo desperdicio: aquel nasciturus que nos acababa de presentar ya tenía fecha de caducidad. En 2010, cuando terminara el proceso de Bolonia, sería necesario aprobar una nueva ley mucho más elaborada y ambiciosa. Así que la única razón de ser de aquella Lomlou no era otro que el interés del PSOE de levantar la patita y marcar su territorio. Dejarle claro al PP que las leyes educativas de este país deben llevar la rúbrica socialista.

A los que no lo hayan tenido claro desde la primera línea de este post (pocos, seguro), ahora ya sí que no les quedará duda del porqué de su titular. El PSOE se ha comportado en la política universitaria española como el perro del hortelano. Ni ha transformado la Universidad en los 22 años en los que ha gobernado España, ni ha permitido que otros lo hicieran (en caso de darse la improbable carambola) en los dos lustros populares.

¿Y para qué iba a cambiar el PSOE la Universidad? ¿Para incordiar a los miles de simpatizantes suyos con los que la había colonizado a principios de los 80? ¿Para implantar mecanismos de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas que le impidieran hacer de su capa un rayo? En el PSOE ya sabían en los 90 que la cultura de la exigencia académica daba lugar a buenas universidades. Y si no lo sabían, bastaba con que le hubieran preguntado al propio Peces-Barba, que acababa de asentar sobre esos principios una prometedora institución, la Carlos III.

Pero no lo hicieron. Prolongaron irresponsablemente la vigencia de la LRU, cohabitaron una y otra vez con los rectores (muchos de ellos con carné) y se dejaron convencer de que la revolución de la educación superior española pasaba por dar más autonomía a los rectorados, decanatos, departamentos y otras cajas negras superpuestas. Y todo ello, sin exigirles un ápice más de esfuerzo o de compromiso con la excelencia por los euros que recibían del contribuyente.

Esos euros aumentaron vertiginosamente en la primera legislatura de Zapatero. Y recuerdo algo que un amigo me repetía insistentemente: en Ferraz no se explicaban por qué incrementos presupuestarios anuales del 50% a la educación y la ciencia españolas parecían no dar ningún resultado. Que se iban por el sumidero, me decía… Pero a nadie se le ocurrió proponer a María Jesús San Segundo, primero, y a Mercedes Cabrera, después, que el despilfarro continuaría mientras no se pusiera el sistema universitario patas arriba para refundarlo a continuación desde el más estricto reconocimiento del mérito docente e investigador. Y ahí seguimos, oiga…